Ley Contra el Lavado de Dinero en México

 

Fabiola A. Díaz Prado

 

El lavado de dinero es un problema socioeconómico que afecta el sistema financiero de diversas jurisdicciones y al mercado internacional, además de reflejarse en ámbitos de la vida cotidiana de la población. De acuerdo con el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional, la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre el 2% y 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, y en México se estima que durante 2012 el monto de dinero lavado ascendió a 10 mil millones de dólares, lo que representó el 3.6% del PIB del país.

 

Cada país tiene obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir estas actividades ilícitas y promover la colaboración multilateral a fin de combatir sus efectos negativos.  En el caso de México, el Código Penal Federal, desde 1996, en el artículo 400 Bis considera que comete delito el que por sí o por interpósita persona, adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el  propósito de ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.

 

No obstante la tipificación penal de esta conducta como un delito que inclusive se considera grave, estas prácticas, que ocultan la comisión de otros delitos como tráfico de drogas, tráfico de personas, secuestro, tráfico de órganos, piratería, fraude, etc., han crecido de manera considerable en nuestro país en los últimos años, por lo que ha sido necesario crear nuevos mecanismos para prevenir y combatir dichas prácticas delictivas.

El marco legal mexicano se refiere a medidas preventivas y de combate a estas prácticas en diversas leyes que regulan el sistema financiero mexicano y recientemente se ha sumado a estos instrumentos la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo, fue publicada el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

 

El objetivo de dicha ley, conforme a su artículo 2, es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fin recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la autoridad competente conforme a la ley, para llevar a cabo su aplicación en el ámbito administrativo, teniendo facultades de investigación que le permiten requerir información a los particulares, proporcionar estos datos a la Procuraduría General de la República y coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública nacionales y extranjeras para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con recursos de procedencia ilícita, así como presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público Federal.

 

Entre los mecanismos que la Ley establece para la consecución de sus fines se encuentra la prohibición de liquidar o pagar mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos ciertas operaciones, siempre que rebasen los montos establecidos en el artículo 32 de la LFPIORPI para cada caso; pero quizás la disposición que mayor controversia y preocupación ha causado es la relativa a la obligación que tendrán quienes realicen actividades consideradas como vulnerables de identificar las mismas y en algunos casos presentar avisos a la SHCP sobre su preparación y/o realización, reportando datos generales de quien realice la actividad, datos generales del cliente, usuarios o del beneficiario y de la actividad.

 

Para tales efectos, el artículo 17 de la esta ley establece un catálogo de supuestos que pueden considerarse como ”actividades vulnerables”, dependiendo de condiciones y montos específicos en cada caso, que incluye operaciones y actividades que se consideran por las autoridades como especialmente riesgosas para efectos de ocultar o encubrir recursos de procedencia ilícita.

 

Entre las actividades que dicho catálogo incluye destacan las realizadas bajo la categoría de prestación de servicios profesionales, respecto a ciertas operaciones que se preparen para un cliente, o se lleven a cabo en su nombre y representación; la mayoría de las actividades realizadas por autoridades, notarios o corredores públicos en ejercicio de sus facultades de fe pública; los servicios de comercio exterior prestados por agentes o apoderados aduanales; y las actividades que deriven en la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes.

 

De ahí que la LFPIORPI resulte especialmente relevante para abogados, contadores, administradores, agentes aduanales, notarios, corredores públicos y brokers que en el ejercicio ordinario de sus actividades y encargos se encontrarán sujetos a nuevas obligaciones bajo esta ley, lo que no sólo representará mayor carga administrativa en el cumplimiento de sus funciones, sino una nueva relación con sus clientes al estar obligados a proporcionar datos personales e información relativa a ellos y sus operaciones.

 

Por su parte, todos los actos, operaciones y servicios que realizan las entidades financieras serán consideradas actividades vulnerables para efectos de la ley, por lo que dichas entidades deberán, entre otras obligaciones, establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran considerarse como lavado de dinero, reportando a la SHCP aquellas operaciones que realicen con sus clientes y lleven a cabo miembros de sus consejos administrativos, apoderados, directivos o empleados y que pudieren considerarse como tales.

 

Ahora bien, la ley establece que el cumplimiento en la presentación de los avisos, reportes e información que ésta refiere no implica transgresión alguna a las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes, ni podrá ser objeto de cláusula de confidencialidad en convenio, contrato o acto jurídico alguno. Al respecto, algunos especialistas han considerado que pese a este artículo, la LFPIORPI podría considerarse inconstitucional, pues atenta contra la protección de los datos personales de los particulares. Por su parte, otros argumentan que la ley no viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que conforme al artículo 16 de la misma, el derecho a la protección de datos personales fija expresamente supuestos de excepción por razones de seguridad nacional y disposiciones de orden público, como las que persigue la ley.

 

Más allá del debate sobre su constitucionalidad, nos encontramos ante la expectativa de los alcances de esta ley, que se determinarán en la futura publicación de su Reglamento y de las Disposiciones de Carácter General que la SCHP emita para definir los medios de cumplimiento de las obligaciones y, en su caso, los medios alternativos para dichos efectos, pues serán estos instrumentos los que repercutirán directamente en la esfera jurídica de los particulares.

 

Conforme a los artículos transitorios de la LFPIORPI, será el 17 de julio de 2013 cuando ésta entre en vigor, y dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor deberá emitirse su reglamento. Las disposiciones relativas a la obligación de presentar avisos, así como las restricciones al pago en efectivo, entrarán en vigor transcurridos los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del reglamento de la Ley.  

 

El Reglamento deberá completar el esfuerzo que la Ley representa en la estrategia contra el lavado de dinero y tendrá la responsabilidad de brindar efectividad a los mecanismos que la Ley prevé, velando por la protección de los datos de los particulares y el apego a los derechos constitucionales.

 

Tendremos que esperar para analizar la efectividad de las medidas previstas en la Ley y su repercusión en la esfera jurídica de los particulares; mientras tanto, mantengámonos atentos, pues este cambio en el sistema jurídico mexicano exige la participación de todos, especialmente de los profesionales que realizamos operaciones y actividades consideradas vulnerables, a fin de no incurrir en conductas que puedan derivar en sanciones administrativas e incluso la actualización de conductas delictivas en el ejercicio ordinario de nuestras actividades profesionales.  

 

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