EL SECRETO FISCAL: SUS LIMITACIONES EN MATERIA DE SUBVALUACIÓN DE MERCANCÍAS

Nadia Avila

2013 

 

Uno de los temas que provoca más inquietud e incertidumbre entre los agentes aduanales e importadores es el aumento de procedimientos administrativos en materia aduanera ante la presunción por parte de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por subvaluación de mercancías, principalmente en los ramos textil, químico, calzado, vestido y juguetes, en los cuales las autoridades aduaneras determinan cada vez con mayor frecuencia que se declaró un valor menor al efectivamente pagado con el propósito de pagar menos contribuciones.

Sin embargo la determinación del valor de éste tipo de mercancías es multifactorial y responde a circunstancias muy específicas tales como procesos de producción, calidades y usos, que son imposibles de unificar para todas las mercancías, de allí la variación en los precios de transacción.

Con la intención de combatir las prácticas ilegales en ésta materia, el SAT creó el Sistema de Prevalidación de Precios, mismo que se activa desde el momento en que el agente aduanal encargado de la operación manda a validar el pedimento correspondiente; si el valor declarado está por debajo de los denominados “precios de referencia” se generará una alerta mediante la cual se señala que la mercancía se encuentra subvaluada, en cuyo caso el importador está obligado a pagar la diferencia marcada en dicho sistema más la diferencia de contribuciones, de lo contrario las consecuencias son fatales ya que las mercancías son embargadas y el importador dado del baja del padrón. Esto implica gastos de almacenaje en la aduana, incumplimiento de contratos por no entregar la mercancía a los clientes en tiempo y forma, un proceso legal desgastante y la imposibilidad de las empresas de seguir trabajando.

Se dice que los precios de referencia fueron proporcionados por la industria y las cámaras nacionales, sin embargo a la fecha no han sido publicados y se considera como información reservada que posee únicamente el SAT, lo que evidentemente genera incertidumbre a los importadores y agentes aduanales, quienes no tienen la certeza de los parámetros utilizados para determinar la existencia de subvaluación, pues se desconoce si fueron consideradas calidades, usos, términos de pago, antigüedad, etc., que son elementos fundamentales al momento de negociar el precio entre proveedores y compradores y que hasta el día de hoy se ignora si son considerados por esas autoridades.

Recordemos que con fundamento en el artículo 71 de la Ley Aduanera, cuando la base gravable del impuesto general de importación no pueda determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías importadas o no derive de una compraventa para la exportación con destino a territorio nacional, se determinará conforme a otros métodos previstos en la misma ley, tales como: valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, valor de precio unitario de venta, valor reconstruido de las mercancías importadas o el valor señalado en el artículo 78.

 

Es decir, el SAT puede efectivamente utilizar precios de referencia cuando el valor de las mercancías no pueda determinarse conforme al valor de transacción, sin embargo esto no lo excusa para hacer uso de esa facultad arbitrariamente; pues si bien es cierto una práctica como la subvaluación afecta la producción nacional, también lo es que dicha situación puede prestarse al abuso de autoridad, por lo que es indispensable que se den a conocer abiertamente los datos y las fuentes que la autoridad aduanera tomó como base para obtenerlos, con lo cual se otorgaría certeza jurídica a los importadores de que la autoridad efectivamente actúo conforme a derecho y por ende si la mercancía efectivamente estaba o no subvaluada.

Sin que sea justificación la supuesta imposibilidad de revelar sus datos por tratarse de información confidencial, de conformidad con el artículo 78-C de la Ley Aduanera, en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

 

Este último resguarda lo que comúnmente se denomina “secreto fiscal”, el cual obliga a los servidores públicos a guardar absoluta reserva respecto a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros, así como aquella obtenida en ejercicio de las facultades de comprobación; la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha conceptualizado a través de la tesis 1a. CVII/2013 (10a.) recientemente publicada de la 10° Época, 1ª Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 970 como a continuación se cita:

 

SECRETO FISCAL. CONCEPTO DE.

El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de reserva absoluta en lo concerniente a la información tributaria del contribuyente (declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación), a cargo del personal de la autoridad fiscal que intervenga en los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales. Así, en principio, dicha medida legislativa establece una concreta carga -de no hacer- impuesta al personal -servidores públicos- de la autoridad fiscal, consistente en que al aplicar las disposiciones fiscales no deben revelar de ninguna forma información tributaria de los contribuyentes. En esto precisamente, desde la perspectiva del derecho positivo, consiste el "secreto fiscal". Por ende, la intervención legislativa por la cual se estableció el secreto fiscal no se encuentra diseñada normativamente como un principio o derecho fundamental, sino más bien como una regla-fin en los términos señalados. Pero la reserva del secreto fiscal no es absoluta - tal y como lo dispone el mismo artículo 69 - con independencia de que en principio así se encuentre establecido textualmente, sino relativa, al establecer dicho precepto distintas excepciones al respecto.

PRIMERA SALA
Amparo en revisión 371/2012. Luis Gerardo Valderrama Navarro. 9 de enero de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quienes reservaron su derecho a formular voto de minoría. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Así pues, queda claro que resulta improcedente que las autoridades aduaneras pretendan sustentar su arbitraria actuación en la figura del “Secreto Fiscal”, la cual resulta inaplicable en relación con la subvaluación, ya que dicha hipótesis no la excusa para precisar y dar a conocer los precios de referencia, esto indudablemente implica que se deje de cumplir con los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, retomados por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación.

En efecto, no debe confundirse como lo hace el SAT, pretendiendo aplicar la figura del secreto fiscal, puesto que debe tenerse claro que si bien con esa figura se protege la información obtenida a través de otras autoridades o del ejercicio de las facultades de comprobación respecto a su publicidad, OBVIO RESULTA QUE ESA RESERVA ES APLICABLE ÚNICAMENTE PARA LOS TERCEROS AJENOS A LOS PROCEDIMENTOS, NO RESPECTO A LOS SUJETOS DE COMERCIO EXTERIOR, SOBRE LOS QUE SE ESTÁN EJERCIENDO LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN  Y RESPECTO DE LOS CUALES INCIDEN LOS RESULTADOS DE DICHOS DOCUMENTOS, por tanto es improcedente que ahora las autoridades determinen que se encuentran impedidas legalmente para dar a conocer a los importadores los datos y pormenores de los precios de referencia al tratarse supuestamente de información reservada.

 

A mayor abundamiento, debe mencionarse que conforme a criterios doctrinales, el secreto fiscal encuentra su justificación en el derecho a la privacidad, de tal suerte que los datos manifestados en las declaraciones fiscales de los contribuyentes no puedan ser revelados de manera pública, ni utilizado por terceras personas. De esta forma se pretende proteger tanto el interés público como el interés individual, al garantizar que la información de contenido económico o patrimonial no podrá ser revelada o utilizada, inclusive en juicios en los que se debatan conflictos particulares.

 

Sin embargo el SAT evidentemente realiza una interpretación incorrecta del famoso secreto fiscal, contenido en el referido artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, porque el hecho de dar a conocer abiertamente los precios de referencia, así como los parámetros que sirvieron como base para su determinación no solamente no perjudica el interés público, sino que va a acorde a este último y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 

En este punto se hace necesario cuestionarnos abiertamente ¿Qué es lo que protege realmente el secreto fiscal? ¿Protege en verdad a los contribuyentes? o ¿Sólo es un pretexto para que las autoridades fiscales actúen de manera arbitraria y caprichosa?

 

Indudablemente, las autoridades aduaneras tienen la obligación de precisar puntualmente los valores de referencia para acreditar la existencia de una supuesta subvaluación, no resultando aplicable a la especie que se pretenda encuadrar dicha información en la que se regula a través de la figura del Secreto Fiscal.

 

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