MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE RESIDUOS PELIGROSOS

 

Arturo Ledesma Ruiz.

 

 

Importación y exportación de residuos peligrosos.

 

El derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar se ve amenazado por factores como la generación de residuos a gran escala, así como su inadecuado manejo y disposición final. Por esta razón, la legislación nacional regula la prevención de su generación, su valorización y su gestión a través de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En adición a dicha norma y con el fin de reducir al mínimo y controlar estrictamente los movimientos transfronterizos de desechos, así como prevenir la transferencia de contaminantes de un ambiente a otro, también surge la necesidad de regular internacionalmente las actividades tendientes a importar y exportar residuos peligrosos.

 

Es así que, en el ámbito internacional, se han creado diversos ordenamientos legales con la finalidad de regular estas prácticas, tales como el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, así como la Decisión C(2002)107(FINAL) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

 

El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación es un acuerdo ambiental internacional en materia de desechos peligrosos, cuyos objetivos principales son: reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos tanto en términos de cantidad como de peligrosidad; eliminar el traslado de desechos peligrosos hacia países carentes de capacidades jurídicas, administrativas y técnicas para manejarlos y eliminarlos de manera ambientalmente racional; y ayudar a los países en desarrollo y con economías en transición a manejar de manera ambientalmente racional los desechos que producen.

 

Por su parte la OCDE, organismo que orienta su actividad hacia el mejoramiento de políticas públicas en temas económicos, sociales, ambientales, así como la estructura y funcionamiento de los gobiernos, adoptó la Decisión C(2002)107(FINAL) que, entre otros objetivos, establece un sistema de control para los movimientos transfronterizos de desechos.

 

En virtud de los acuerdos internacionales anteriormente descritos, México sólo puede permitir la exportación o importación de residuos peligrosos hacia y desde países miembros de la OCDE, la Unión Europea y Liechtenstein.

 

De esta forma, México ha adoptado los criterios establecidos en ambos tratados internacionales en diversos ordenamientos legales, principalmente en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Federal de Competencia Económica y en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005.

 

El movimiento transfronterizo regulado por los instrumentos nacionales e internacionales antes referidos, se entiende como el traslado de residuos peligrosos procedentes de un territorio sometido a la jurisdicción de un país con destino a otro país, o su paso a través de un país con destino a un tercer país.

 

En ese sentido, se advierten tres prácticas principales: la importación, la exportación y el tránsito de residuos. De manera sucinta, se entiende por importación el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos procedente del extranjero al territorio nacional, mientras que la exportación se entiende como el movimiento transfronterizo de residuos que se pretende realizar desde el territorio nacional hacia el extranjero y por último, el tránsito de residuos consiste en el transporte de residuos provenientes de un país extranjero a través de otro país y que tendrá como destino final un tercer país.

 

Con el fin de prevenir los daños a la salud y al ambiente que pudieran ocasionarse durante la importación, exportación o tránsito de los residuos peligrosos, la legislación nacional establece diversas prohibiciones y requisitos para la autorización de los movimientos transfronterizos, así como obtener la autorización correspondiente.

 

En México, la autoridad competente para autorizar el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de su unidad administrativa denominada Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, previa presentación del Manifiesto para la Importación o Exportación de Residuos Peligrosos (formato número 07-0239).

 

Es importante mencionar que la legislación mexicana solamente permite la importación de residuos peligrosos con la finalidad de reutilizarlos o reciclarlos. Incluso, la SEMARNAT tiene la facultad de limitar dichas importaciones cuando éstas puedan desincentivar u obstaculizar la reutilización o el reciclaje de los residuos generados dentro del país.

 

Asimismo, la autorización para la exportación de residuos peligrosos sólo se otorgará cuando el exportador cuente con el consentimiento previo del país importador y de ser el caso, de los gobiernos de los países por los que transiten los residuos.

 

En adición, de conformidad con los tratados internacionales y la legislación nacional, al solicitar la autorización de importación o exportación de residuos peligrosos, de manera general se deberán precisar: los datos e identificación de los generadores de residuos peligrosos; datos e identificación de los  importadores o exportadores de residuos peligrosos; datos e identificación de los destinatarios de residuos peligrosos; denominación, características físicas y composición química de los residuos peligros y lugares de su ubicación, así como la peligrosidad del residuo; las aduanas mexicanas de salida o entrada e información sobre manejo y embarque de los residuos peligrosos. Además, quien pretenda realizar movimiento transfronterizo de residuos peligrosos deberá contar con una póliza de seguro o garantía vigente, esto para asegurar que el solicitante cuente con los recursos económicos suficientes para hacer frente a cualquier contingencia y al pago de daños y perjuicios que pudieran causar durante el proceso de movilización de los residuos peligrosos.

 

Como se puede observar, en la legislación antes referida, si bien no se prohíbe el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, su autorización está sujeta a una serie de formalidades y obligaciones tendientes a reducir al mínimo dicho movimiento, asegurar su manejo ambientalmente racional y la cooperación internacional para el logro de dichos objetivos.

 

 

 

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