Pago por mercancía embargada

 

Lic. Jesús Hernández 

2015

 

Son conocidos una diversidad de procedimientos administrativos que la autoridad aduanera realiza en el ejercicio de sus potestades de verificación, comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales y de corroborar la legal estancia en el país de mercancías de procedencia extranjera.

 

No es tema del presente el análisis de alguno de los procedimientos aduaneros, sino una de las consecuencias que afectan gravemente al patrimonio de los gobernados cuando se ven involucrados en alguna actividad de las autoridades aduaneras que derivan en el embargo precautorio de bienes de su propiedad.

 

Pues, los bienes embargados precautoriamente por la autoridad fiscal, pueden ser destruidos, donados, asignados o transferidos para su venta, no obstante que el procedimiento aduanero se encuentre en trámite. Así, en la Ley Aduanera se establece que tratándose de mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, de animales vivos, que sean objeto de embargo precautorio y que dentro de los diez días siguientes a su embargo, no se hubiere comprobado su legal estancia o tenencia en el país, el Servicio de Administración Tributaria podrá proceder a su destrucción, donación o asignación. 

 

En lo que refiere a vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones serán transferidos para su venta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a su embargo siempre que no se hubiere comprobado su legal estancia o tenencia en el país.

 

Ahora, para el supuesto que las actuaciones de la autoridad sean declaradas nulas y se ordene la devolución de las mercancías embargadas precautoriamente, es señalado en  el Artículo 157 de la Ley Aduanera, que cuando una resolución definitiva ordene la devolución de las mercancías y la autoridad aduanera haya comunicado al particular que existe imposibilidad para devolver las mismas, el particular podrá optar por solicitar la entrega de un bien sustituto con valor similar, salvo que se trate de mercancías perecederas, de fácil descomposición, de animales vivos, de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones, o el valor del bien, actualizado conforme lo establece el párrafo siguiente.

 

En el caso de que el Servicio de Administración Tributaria haya procedido a la destrucción, donación, asignación o transferencia para venta de la mercancía, la resolución definitiva que ordene la devolución de la misma, considerará el valor determinado en la clasificación arancelaria, cotización y avalúo practicado por la autoridad aduanera competente con motivo del procedimiento administrativo en materia aduanera, actualizándolo en los términos establecidos en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación hasta que se dicte la resolución que autoriza el pago.

 

Ahora, respecto al tema, en meses pasados fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Jurisprudencia cuyo rubro es; “MERCANCÍAS OBJETO DE EMBARGO PRECAUTORIO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA ADUANERA. FORMA DE CALCULAR SU VALOR ANTE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE DEVOLVERLAS POR HABER SIDO ENAJENADAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).”. 

 

En esa tesis se establecen dos mecanismos para calcular el valor de mercancías embargadas precautoriamente y de las cuales posteriormente se ordena su devolución, ya sea por una (a) resolución administrativa o (b) por una decisión jurisdiccional. 

 

En la primera de las modalidades se establece que si la autoridad aduanera ordena la devolución de las indicadas mercancías, pero ello resulta imposible por haber sido enajenadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), para efectos de resarcir al importador afectado, su valor deberá ser el previsto en el Párrafo Segundo del Artículo 27 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

 

El segundo supuesto se actualiza cuando la imposibilidad de devolver dichas mercancías deriva de razones distintas a la venta llevada a cabo por el aludido organismo descentralizado, su valor debe calcularse como lo ordena el citado Artículo 27, acorde con las disposiciones aplicables, es decir, con el Artículo 157 de la Ley Aduanera, el cual prevé la forma de calcular el valor de los bienes objeto de embargo precautorio que hayan sido destruidos, donados o asignados. 

 

Será motivo de comentario el supuesto en que la autoridad fiscal a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes proceda a la enajenación de bienes embargados precautoriamente, obteniendo por dicha transacción un valor extremadamente inferior al que en su momento le fue asignado por la autoridad aduanera que decretó el embargo, dado que podría acontecer que esa actuación deviniera en ilegal por las siguientes razones: 

Una; la autoridad fiscal omite justificar la enajenación de los bienes embargados, entendido como la causa o motivo que sustente la potestad de enajenar las mercancías embargadas; esto es, la venta de las mercancías embargadas no debe advertirse como una actuación deliberada de la autoridad para evitar la entrega de las mismas o el resarcimiento económico correspondiente, sino que debe apoyarse en situaciones prácticas, reales y sobre todo previstas en ordenamientos legales vigentes, tal y como lo dispone el Artículo 157 de la Ley Aduanera, precepto legal donde se describen las situaciones hipotéticas en las que procede su destrucción, donación, asignación o trasferencia para su venta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; luego, para el supuesto que la enajenación realizada por el SAE no se trate de alguno de los bienes que describe el numeral antes citado, indudablemente, la actuación administrativa se encuentra viciada de origen. 

 

Una segunda circunstancia que afectaría la presunción de legalidad de la enajenación de bienes embargados precautoriamente, sería que la autoridad fiscal comunicara al gobernado que los bienes embargados fueron enajenados por el SAE y lo único procedente es que el gobernado reciba el monto del precio pagado por la transacción efectuada por ese organismo descentralizado; empero, resulta que además de no poder disponer de los bienes de los cuales se ordenó su restitución, sucede que el particular tiene conocimiento de: 

(1) Que la cantidad obtenida por la venta de los bienes corresponde a un 10% del valor que en la época de embargo le fue asignado, y que;
(2) a ese inferior valor corresponderá descontarse los costos de administración, gastos de mantenimiento y conservación de los bienes, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procedimientos, así como los pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes, asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a las antes mencionadas o aquellas que determine la Ley de Ingresos de la Federación u otro ordenamiento aplicable. 

 

En ese contexto, si el particular resulta beneficiado con la entrega de algún numerario, el monto oscilará entre un 5 ó 7% del valor real de la mercancía que le fue embargada, sino es que se genera un adeudo a favor del fisco federal, al haber resultado que los gastos de mantenimiento y conservación de los bienes, honorarios y demás sean superiores a la cantidad que corresponde ser entregada al particular. Los anteriores escenarios aún y cuando pudieran parecer extremistas o irrealizables por la autoridad fiscal, es de señalarse que ello en la actualidad está ocurriendo y lo único que propicia son actos de molestia al gobernado y menoscabo al erario público. 

 

Lo anterior es así en virtud que analizada la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, específicamente el Título Cuarto de dicha ley y que se refiere a “Los Procedimientos de Enajenación”; y de una manera precisa se dispone que los procedimientos de enajenación previstos en esa Ley, son de orden público y tienen por objeto enajenar de forma económica, eficaz, imparcial y transparente los bienes que sean transferidos al SAE; asegurar las mejores condiciones en la enajenación de los bienes; obtener el mayor valor de recuperación posible y las mejores condiciones de oportunidad, así como la reducción de los costos de administración y custodia a cargo de las entidades transferentes, y como una medida para salvaguardar la debida tramitación del referido procedimiento, fue voluntad del legislador prever que cualquier procedimiento de enajenación o acto que se realice en contra de lo dispuesto en ese Título será nulo de pleno derecho. 

 

Luego, en aquellos casos donde el particular obtuvo una decisión administrativa o jurisdiccional que le generó un derecho a ser restituido de los bienes embargados y la autoridad ya no disponga de ellos por haberlos enajenados el SAE y se determine entregar al contribuyente el dinero obtenido por la enajenación una vez que se descontó los gastos de mantenimiento y conservación de los bienes, honorarios de comisionados especiales, etc.; corresponderá analizar a detalle las actuaciones de la autoridad, a fin de confrontar que el “procedimiento de enajenación” cumplió con todas y cada uno de los lineamientos exigidos por la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de tal forma que no genere incertidumbre e inseguridad jurídica al gobernado o indiciariamente pueda concebirse que la enajenación de los bienes embargados constituye una “venta simulada”; pues de acreditarse ante las instancias correspondientes que el “procedimiento de enajenación” fue contrario a las disposiciones relativas, lo único procedente será que esa actuación sea declarada nula.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Entradas destacadas

El Turismo como Sector Estratégico y de Impulso al Comercio Exterior de México

1/10
Please reload

síguenos
  • YouTube - Black Circle

Si quieres leer los

artículos de nuestra edición

¡Suscríbete! o adquiere la

Versión Digital

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2019 Trade Law & Custom Magazine

¡Suscríbete a nuestra lista de contactos
y no te pierdas ninguna edición!