Multa por transmisión electrónica de la información de las mercancías en el cove

 

Lic. Eduardo García

2015

 

A raíz de las recientes reformas a la Ley Aduanera mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de diciembre de 2014, se adicionaron los artículos 184-A y 184-B, que prevén las infracciones relacionadas con la obligación de transmitir, entre otras, la información referente al valor de la mercancía y los demás datos relativos a su comercialización, así como las multas correspondientes a dichas conductas.

 

Así, el numeral 184-A de la citada Ley establece que son infracciones relacionadas con la obligación de transmitir la información referente al valor de la mercancía y los demás datos relativos a su comercialización, así como los relativos a su transportación, a que se refieren los artículos 20, fracción VII y 59-A de la Ley, fracción I: transmitir (a) datos inexactos (b) datos falsos, en cuanto al (aa) valor de la mercancía o (bb) los demás datos relativos a su comercialización y fracción II: transmitir (a) información incompleta (b) datos inexactos, en cuanto a (aa) la descripción de las mercancías e (bb) identificación individual, considerando la mercancía presentada a despacho.

 

Para un mayor entendimiento de las situaciones hipotéticas que pudieran constituir infracción administrativa en términos de lo dispuesto por el Artículo 184-A, fracciones I y II de la Ley Aduanera, se observa que de ese numeral se derivan las siguientes conductas irregulares:

 

  1. Transmitir datos inexactos en cuanto al valor de la mercancía.

  2. Transmitir datos inexactos en cuanto a los demás datos relativos a su comercialización.

  3. Transmitir datos falsos en cuanto al valor de la mercancía.

  4. Transmitir datos falsos en cuanto a los demás datos relativos a su comercialización.

  5. Transmitir información incompleta referente a la descripción de las mercancías considerando las presentadas a despacho.

  6. Transmitir información incompleta referente a identificación individual de las mercancías considerando las presentadas a despacho.

  7. Transmitir datos inexactos referentes a la descripción de las mercancías considerando las presentadas a despacho.

  8. Transmitir datos inexactos referentes a la identificación individual de las mercancías considerando las presentadas a despacho.

 

Lo anterior, en estrecha relación con el Artículo 36-A de la Ley Aduanera, conforme al cual los agentes aduanales y quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para destinarlas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir en documento electrónico o digital como anexos al pedimento, la información que ahí se describe, la cual deberá contener el acuse generado por el sistema electrónico aduanero, como lo es la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías, así como la descripción e identificación individual de las mercancías, considerando las presentadas a despacho.

 

Ahora bien, el Artículo 5º del Código Fiscal de la Federación indica que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta.

 

A su vez, el numeral 38, fracción IV del propio Código, establece que los actos administrativos, entre otros requisitos, deben estar debidamente fundados y motivados.

Por su parte, el numeral 75 del referido Código establece que dentro de los límites fijados por el Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al Comercio Exterior, deberán fundar y motivar su resolución.

 

En ese contexto, resulta pertinente establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la Jurisprudencia P./J. 100/2006, definió que el principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone, en todo caso, la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones.

 

Sigue señalando la citada Jurisprudencia que en ese orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma.

 

Y concluye el criterio jurisprudencial que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.

 

En virtud de dicho criterio, la autoridad aduanera al imponer una multa en términos del Artículo 184 está obligada a individualizar la sanción, identificado o precisado cuál de las anteriores conductas resulta imputable y por qué motivos, a fin de satisfacer el principio de tipicidad exigible en el derecho administrativo sancionador, esto es, la autoridad aduanera está obligada a exponer las razones particulares por las cuales la supuesta conducta realizada encuadra exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida en el Artículo 184, fracciones I o II de la Ley Aduanera.

 

Ahora bien, aquí surge la cuestión legal de determinar quién es el responsable de las infracciones establecidas en el ordinal en análisis, por lo que es necesario remitirnos al primer párrafo del mismo el cual establece que: “Son infracciones relacionadas con la obligación de transmitir la información referente al valor de la mercancía y los demás datos relativos a su comercialización…”, para lo cual de los artículos 6, 36 y 36-A, fracción I y 59-A de la Ley Aduanera vigente, se desprende que cuando las disposiciones de la Ley obliguen a transmitir o presentar información ante la autoridad aduanera, ésta deberá transmitirse a través del sistema electrónico aduanero mediante documento electrónico o digital, según se exija, empleando la Firma Electrónica Avanzada o el Sello Digital, en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, por lo que recibido el documento electrónico o digital, el citado sistema generará el acuse respectivo, ya que conforme a la Ley quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional están obligados a transmitir mediante documento electrónico a las autoridades aduaneras la información relativa a su valor y, en su caso, demás datos relacionados con su comercialización, misma que se entenderá por transmitida una vez que se genere el acuse correspondiente que emita el sistema electrónico aduanero, no existiendo duda alguna que la transmisión electrónica en la que aparezca la Firma Electrónica Avanzada o Sello Digital y el acuse generado por el sistema electrónico aduanero, se considerará que fueron transmitidos y efectuados por la persona a quien corresponda dicha firma o sello, ya sea de los importadores o exportadores, el agente aduanal o su mandatario aduanal autorizado, atentos a lo señalado en el diverso 37-A, fracción I de la Ley.

 

Entonces, de las anteriores disposiciones legales citadas se podría entender que el responsable de las infracciones establecidas en el artículos 184-A, fracciones I y II de la Ley Aduanera, y sus consecuentes sanciones, son las personas que transmitan al sistema electrónico dicha información, y de lo cual se genera el respectivo acuse, es decir, de quien se ostente el sello digital del documento, sin embargo, en la práctica se observa que las autoridades aduaneras imponen dichas multas tanto a los importadores o exportadores, como a los agentes aduanales que tramitan la operación, sin embargo, lo que si es cierto es que con esta nueva potestad para la autoridad de aplicar este tipo de sanciones, es evidente que se tiene que tener extremo cuidado en la forma en que se transmite la información en el COVE, pues cualquier error (de conformidad con los supuestos previstos) da lugar a dicha infracción que se castiga con una multa mínima que es del todo excesiva, pues dicho sea de paso la misma resulta ser totalmente desproporcional con las operaciones tramitadas.

 

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