La validación electrónica de pedimentos

 

Lic. Octavio de la Torre de Stéffano

2015 

 

Es inconcuso que la prevalidación electrónica de datos contenidos en pedimentos, se encuentra comprendida dentro del despacho aduanero, por constituir una formalidad que establece limitaciones para una eficiente fiscalización del cumplimiento de los requisitos para la entrada y salida de mercancías de territorio nacional, puesto que ella es una condición necesaria para comprobar que los datos asentados en el pedimento sean correctos, esto es, es un requisito formal relativo a la entrada o salida de mercancías al territorio nacional, puesto que no sólo sin él no puede presentarse el pedimento, sino que además implica la revisión de los pedimentos de importación y exportación por parte de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria.

 

Recordemos que el contribuyente construye y materializa al pedimento bajo cualquiera de los regímenes aduaneros existentes, a través de una declaración de parte en materia de Comercio Exterior, sustentada en la buena fe de los declarantes, pero esa buena fe debe de satisfacer diversos requisitos formales, como veremos a continuación.

 

Conforme a lo señalado en el Artículo 16-A, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, la prevalidación “consiste en comprobar que los datos asentados en el pedimento, estén dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos, conforme se establezca por el Servicio de Administración Tributaria, para ser presentados al sistema electrónico del propio Servicio”,  lo que constituye una revisión electrónica de lo que transmite el contribuyente a través de apoderado aduanal, representante legal o agente aduanal. 1

 

Inclusive el precepto legal antes citado señala que; “Quienes introduzcan o extraigan del territorio nacional mercancías, deberán prevalidar los pedimentos que presenten al sistema electrónico[1] aduanero, con las personas autorizadas conforme a este artículo.”. [2]

 

No es óbice a lo anterior la circunstancia de que el numeral 35 de la Ley Aduanera establezca que; para los efectos de esta, se entiende por despacho el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el ordenamiento de mérito que deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores, o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales y representantes legales para efectos aduaneros próximamente, toda vez que dicha interpretación gramatical debe de ser ajustada con un contexto más amplio, situación que motivo el presente estudio, veamos porqué.

 

El servicio de prevalidación electrónica de los pedimentos se estableció con el carácter de obligatorio a los agentes o apoderados aduanales que presten servicios a los importadores o exportadores, para eficientar el despacho aduanero, al buscar evitar que los pedimentos contengan errores que retrasen el tiempo del despacho y que conlleva a la comisión de infracciones.

 

El legislador con dicha figura estaba integrando la prevalidación como parte del despacho aduanero, sin que dicha intención pueda ser modificada por la omisión de hacer las precisiones en todos los preceptos relativos al despacho aduanero, aun cuando la prevalidación no se haga propiamente dentro de la aduana y ante la presencia de las autoridades aduaneras, principalmente si se considera que la prevalidación tiende a mejorar el servicio que se presta en las aduanas por las autoridades a ella adscritas y toma como objeto único el citado pedimento, aunado a que no existe impedimento legal en el sentido de que diversos pasos del despacho puedan fraccionarse y se lleven a cabo por separado.

 

Robustece lo anterior la siguiente JURISPRUDENCIA 2a./J. 231/2007  de la Novena Época, Segunda Sala sostenida por el Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, página 201:

 

DESPACHO ADUANERO. LA PREVALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16-A DE LA LEY ADUANERA ES UNO DE LOS ACTOS QUE LO INTEGRAN Y, EN CONSECUENCIA, LA CONTRAPRESTACIÓN QUE SE PAGUE POR ESE SERVICIO PUEDE DISMINUIRSE DEL DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO.

 

Conforme al artículo 35 de la ley citada, "despacho" es el conjunto de actos y formalidades que deben observarse para la entrada y salida de mercancías del país; actividad que entre otras personas, deben realizar las autoridades aduaneras pues, se trata de un servicio que presta el Estado en sus funciones de derecho público, a quien corresponde regular, gravar, restringir y prohibir la exportación, importación y tránsito de mercancías por el territorio nacional, a cuyo efecto está facultado para establecer las aduanas correspondientes. Por otra parte, de los artículos 16-A y 38 de la Ley Aduanera, se advierte que la prevalidación constituye un requisito necesario que debe cumplirse para el trámite del despacho, pues sin ella, el pedimento no puede presentarse a través del sistema electrónico de procesamiento de datos y, consecuentemente, no puede realizarse el pago de las contribuciones al comercio exterior, ni presentarse la mercancía al mecanismo de selección automatizado, lo cual lleva a concluir que se trata de una de las formalidades del "despacho", no obstante el que no se efectúe en la aduana y ante las autoridades aduaneras, al haber facultado el legislador al Servicio de Administración Tributaria a autorizar a particulares para prestar ese servicio. Luego, la interpretación armónica de los preceptos citados permite afirmar que el despacho aduanero se compone de una secuencia de actos concatenados, los cuales deberán realizarse para la presentación y liberación de las mercancías, como la prevalidación electrónica de datos, con independencia de que no la realicen directamente las autoridades aduaneras. Por tanto, al tratarse de un servicio que, en principio, le corresponde al Estado, empero, por disposición legal se otorga por particulares autorizados, conforme a los artículos 2o., fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, 1o. y 49 de la Ley Federal de Derechos, la contraprestación pagada por la prevalidación puede disminuirse del derecho de trámite aduanero en la proporción que representa del total del servicio prestado para el despacho de las mercancías.

 

Contradicción de tesis 106/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo, Tercero, Décimo y Octavo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de noviembre de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar F. Hernández Bautista.

 

Tesis de jurisprudencia 231/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de noviembre de dos mil siete.

 

Derivándose, además, de la Jurisprudencia antes invocada, la conclusión relativa a que de la interpretación armónica de los artículos 16-A y 35 de la Ley Aduanera que el despacho aduanero se compone de una secuencia de actos concatenados, los cuales deberán realizarse para la presentación y liberación de las mercancías, como la prevalidación electrónica de datos, con independencia de que no la realicen directamente las autoridades aduaneras.

 

Por tanto, al tratarse de un servicio que, en principio, le corresponde al Estado, empero, por disposición legal se otorga por particulares autorizados, conforme a los artículos 2o., fracción IV, del Código Fiscal de la Federación[3], 1o. [4] y 49 de la Ley Federal de Derechos, la contraprestación pagada por la prevalidación puede disminuirse del derecho de trámite aduanero en la proporción que representa del total del servicio prestado para el despacho de las mercancías.

 

Premisa con la cual se reitera que independientemente que la prevalidación no fuese realizada directamente por las autoridades aduaneras, esa actividad conforma el despacho aduanero y constituye un requisito sine qua non que puede continuarse y concluirse el ingreso y salida de mercancías de territorio nacional; circunstancia que se robustece con los argumentos expuestos en la ejecutoria que dio origen a la Jurisprudencia 2a./J. 231/2007; donde textualmente se señaló que:

 

"…Partiendo de las determinaciones apuntadas, este tribunal colige que en el caso se impone la necesidad de llevar a cabo un análisis integral y armónico de la legislación en comento, es decir, atendiendo la adición del precepto citado en relación al pedimento del que forman parte los artículos 16, 16-A y 38 de la Ley Aduanera.

 

"En efecto, la circunstancia de que el legislador al agregar el numeral 16-A de la ley en cita no lo haya reflejado en las disposiciones relacionadas, como lo son los numerales 16 y 35 de la referida legislación, no implica que deba llevarse un análisis aislado como el emprendido por la responsable para resolver el asunto sometido a su consideración, toda vez que dicha adición tiene una conexión directa al establecer la prevalidación, misma que es un requisito que debe cumplirse para llevar a cabo el pedimento, que hace referencia al precepto 35 en comento; es decir, no son ajenos y sí, en cambio, están íntimamente relacionados.

 

Robustece dicha conexión el propósito que dio origen a dicha adición, es decir, el coadyuvar con el fisco federal en el combate al fraude y agilizar el despacho de las mercancías, lo cual se desprende de la lectura del dictamen de la Cámara de Diputados que, como Cámara de Origen en el proceso legislativo que culminó con las reformas a los dispositivos materia de estudio, emitió el veintiséis de noviembre del año dos mil uno…” [5]

 (Énfasis añadido)

 

Resultando interesante señalar que en la época del proceso legislativo para configurar la prevalidación electrónica de datos, que culminó con la adición de los artículos 16-A y 38 de la Ley Aduanera; tanto la Cámara de Origen, como la Revisora, coincidieron con el propósito de la iniciativa de ley en cuestión, que tuvo como objeto fundamental el de promover la inversión nacional y extranjera, fortalecer la seguridad jurídica de los sujetos obligados a la Ley Aduanera y asignar en su justa medida las responsabilidades fiscales y aduaneras de quienes intervienen en el despacho aduanero de las mercancías, todo esto con el fin de coadyuvar con el fisco federal en el combate al fraude y avanzar en la agilización del despacho de las mercancías, para contar con un sistema aduanero más eficiente y rápido; estimándose procedente que el legislador regulara el procesamiento electrónico de datos de las operaciones aduaneras, ya que el avance de la tecnología en los medios de telecomunicación que impera en las operaciones aduaneras, provocaban un desfasamiento de la realidad que advierten las operaciones de Comercio Exterior y su regulación en la Ley Aduanera; visualizándose como solución para eficientar el despacho aduanero y evitar que los pedimentos se presentaran con errores que retrasaran el tiempo de despacho y que conllevaran a la comisión de infracciones, por lo que se propuso hacer obligatorio para los agentes o apoderados y aduanales, también ahora a los representantes legales que prestan sus servicios a los importadores y exportadores, el servicio de prevalidación electrónica de los pedimentos, servicio que estaría autorizado a las confederaciones de agentes aduanales o a las asociaciones nacionales de empresa que utilicen los servicios de apoderados aduanales quienes estarían obligadas a llevar a cabo la prevalidación acorde con los criterios técnicos indispensables para que puedan, a su vez, ser procesados en los sistemas electrónicos automatizados que tienen implementados las autoridades aduaneras, fiándose a las empresas autorizadas a prestar el servicio, un aprovechamiento que se destinará al mejoramiento de los sistemas de informática y de control que tengan implementados las autoridades aduaneras, y para cumplir con tales objetivos, se adicionaron en la normativa, los artículos 16-A y 16-B, así como un párrafo al artículo 38; destacándose que la implementación de la prevalidación de los pedimentos haría más eficiente el despacho aduanero, evitando que los pedimentos se presentaran con errores que retrasen el tiempo del despacho y eviten la comisión de infracciones aduaneras de carácter formal; circunstancias que indudablemente, son responsabilidad de los importadores y/o exportadores, la cual comparten los responsables solidarios, por ser los encargados de llevar a cabo los trámites aduaneros, no así del Estado. [6]

 

Resultando importante acotar que existen criterios aislados, los cuales sostiene que la prevalidación de los pedimentos no forma parte del despacho aduanero, pero los mismos han sido rebasados por la JURISPRUDENCIA citada anteriormente, me permito señalarlos:

 

V-TRAS-XXI-2806

PREVALIDACIÓN.- IMPROCEDENCIA DE SU ACREDITACIÓN AL NO SER UNA ACTUACIÓN DEL DESPACHO ADUANERO.

 

V-P-SS-939

PREVALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS DE PEDIMENTO.- NO FORMA PARTE DEL DESPACHO ADUANERO

 

En ese contexto, es de señalarse que el Estado para llevar a cabo la prevalidación de dichos pedimentos y su posterior validación a través del SAAI, debe de sujetarse a lo dispuesto en las normas PRIMERA y SEGUNDA del Manual de Operación Aduanera, donde se señala lo siguiente:

 

PRIMERA. La prevalidación de pedimentos se llevará a cabo a través de confederaciones de AA, cámaras empresariales, asociaciones nacionales de empresas que utilicen los servicios de Ap. Ad., empresas de mensajería y paquetería, almacenes generales de depósito, industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos, así como por las empresas certificadas, autorizadas en términos del Artículo 16-A de la LA. La prevalidación consiste en comprobar que los datos asentados en el pedimento estén dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos, establecidos por el SAT, para ser presentados al sistema electrónico del propio Servicio para su posterior transmisión a dicho sistema (SAAI).

 

SEGUNDA. Una vez que el sistema de prevalidación analiza que la información declarada en un pedimento cumple con lo señalado en la norma anterior, las confederaciones de AA, cámaras empresariales y asociaciones nacionales de empresas que utilicen los servicios de Ap. Ad. autorizadas en términos del Artículo 16-A de la LA, generarán un archivo que se enviará para su validación al SAAI.

 

Esta manual es de aplicación obligatoria para el personal de Servicio de Administración Tributaria (SAT), en términos de los numerales 33 [7] y 35 [8] del Código Fiscal de la Federación.

 

Además, resulta importante reseñar que en la época de emisión de la Jurisprudencia Tesis: V.2o. J/50, el Poder Judicial de la Federación estableció que de conformidad con el Artículo 33, Fracción I, Inciso g) y último Párrafo, del Código Fiscal de la Federación, la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior publicada en el Diario Oficial de la Federación, tiene carácter obligatorio para los contribuyentes, ya que es expedida en uso de las facultades que poseen las autoridades fiscales para reglamentar la aplicación de la ley en lo que ésta les reserve facultades, la cual constituye un agrupamiento de disposiciones de carácter general aplicables al Comercio Exterior, que por regla general se publica anualmente y regula diversas figuras jurídicas previstas en las leyes fiscales; cuya publicación, además, es indefectible, a fin de que sea del conocimiento de los contribuyentes, pudiendo en ocasiones publicarse aisladamente cuando sus efectos se limiten a periodos inferiores a un año. En cambio, de acuerdo al numeral 35 de la legislación en cita, los criterios que formulan los funcionarios fiscales facultados, constituyen juicios de interpretación de las leyes fiscales hacia el interior del Servicio de Administración Tributaria, que deben seguir las diversas dependencias en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales para garantizar su debido cumplimiento. [9]

 

Así, en una primera conclusión, se desprende que existe una prevalidación a través de un tercero autorizado y una validación del SAT, de lo cual se deriva una firma electrónica, para continuar con la impresión del pedimento dicho sea de paso prevalidado y validado, para finalmente presentarlo junto con las mercancías ante la Aduana.

 

En este ir y venir de información por medios electrónicos, el papel más importante lo juega el Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI) ya que concluye, que el archivo de validación cumpla con los criterios señalados en la norma primera y al no detectar ningún error en su contenido arroja el acuse electrónico de validación con el cual los pedimentos quedan debidamente validados por el Servicio de Administración Tributaria.

 

El “acuse electrónico de validación” y el correspondiente ARCHIVO DE RESULTADOS DE PREVALIDADOR es autorizado por el SAT, por lo que, se puede concluir irreductiblemente que el Servicio de Administración Tributaria aprueba toda la información que le fue transmitida a través del Sistema de Automatización Aduanera Integral, (SAAl).

 

En este orden de ideas, la prevalidación es una etapa dentro del despacho aduanero en la cual la autoridad fiscal se encuentra en posibilidad de negar e impedir que se continúe con alguna operación de Comercio Exterior, al advertir el incumplimiento de los requisitos previstos en las disposiciones normativas.

 

Ahora  bien, en caso de actualizarse alguna inconsistencia se genera una hoja de errores que arroja el sistema operado por los agentes o apoderados aduanales y en un futuro por los Representantes Legales para efectos aduaneros, que controlan las Confederaciones, Cámaras, Asociaciones o cualquier tercero autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria.

 

Podemos concluir con este análisis que un elemento de defensa atractivo dentro del ejercicio de facultades de comprobación, en donde se vea involucrado el Agente Aduanal como responsable solidario o el contribuyente como responsable directo, radica en la información que fue prevalidada por un tercero autorizado y validada por el Servicio de Administración Tributaria a través del actual Sistema Electrónico Aduanero, sobre todo tratándose de supuestos que estén relacionados con información del contribuyente, permisos, descargas de permisos, identificadores, entre muchos más, que se podrán complementar con el presente estudio de manera particular.

 

[1] El Artículo 16-A fue adicionado a la Ley Aduanera el 01 de enero de 2002.

 

[2] El Artículo 16-A, último párrafo,  de la Ley Aduanera; porción normativa adicionada en la última reforma a la citada Ley, publicada el 09 de diciembre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación.

 

[3] Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

[…]

IV.  Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

 

[4] Artículo 1º (Ley Federal de Derechos). Los derechos que establece esta Ley, se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta Ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

 

[5] Texto correspondiente a la ejecutoria de la CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, TERCERO, DÉCIMO Y OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

[6] Consultar texto correspondiente a la ejecutoria de la CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, TERCERO, DÉCIMO Y OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

[7] Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

[…]

g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales.

 

h) Dar a conocer en forma periódica, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras.

[…]

 

Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de difusión que se señalen en reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquéllos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

 

[8] Artículo 35.- Los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

 

[9] Confrontar Jurisprudencia cuyo rubro es; “MISCELÁNEA FISCAL Y CIRCULARES QUE ESTABLECEN CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE DISPOSICIONES FISCALES, SUS DIFERENCIAS.”

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