Inconstitucionalidad en el artículo 13 de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo

 

Lic. Nadia Ávila López 

2015

 

Si bien es cierto, el Artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su penúltimo párrafo,  permite presentar una demanda de nulidad a través del servicio de correo cuando el interesado no tenga su domicilio en la ciudad donde reside la Sala Fiscal que deba conocer del asunto, también establece que ello sólo puede hacerse en la oficina de correos perteneciente al lugar de residencia de aquél, cuando finalmente el espíritu general de dichas normas es la accesibilidad y efectividad de los recursos judiciales y medios de defensa; de ahí que la porción normativa que impone tal exigencia resulte denegatoria de justicia porque dificulta la procuración de justicia pronta y expedita de toda persona que lo interponga; para lo cual, además, debe tenerse en cuenta que tratándose del reconocimiento de derechos humanos se deben procurar las medidas más extensivas de conformidad con el Artículo 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

En ese sentido la Carta Magna ha reconocido la garantía de acceso a la justicia, conforme a la cual toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; además de establecer que ella, las leyes del Congreso de la Unión y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, serán la Ley Suprema de toda la Unión; tratados dentro de los cuales se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo Artículo 8° establece las garantías judiciales, al señalar, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, así como en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella; mientras que su artículo 25 señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la misma Convención.

 

En relación con tales temas, vinculados con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, y con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que cualquier órgano jurisdiccional del país se encuentra facultado, e incluso obligado, a realizar de oficio un control de convencionalidad de las normas legales que apliquen en los asuntos puestos a su consideración, de manera tal que pueden dejar de aplicar aquellas que a su juicio impliquen la transgresión a algún derecho humano reconocido en la Carta Magna o en algún tratado internacional.

 

En efecto, sobre el nuevo régimen de derechos humanos que rige en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que lo dispuesto en los artículos 1 y 133 constitucionales debe ser interpretado en el sentido de que cualquier autoridad jurisdiccional está obligada a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior, dejando de aplicar ésta y dando preferencia a los primeros, lo cual ha sido denominado como el "control de convencionalidad ex officio".

 

Para llevar a cabo dicho control, el Alto Tribunal dijo que primero se debe interpretar la norma secundaria respectiva de manera conforme con la Constitución y los tratados internacionales, es decir, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; que en caso de que aquélla admita varias interpretaciones, se debe preferir la que sea más acorde con los derechos humanos, y que cuando tales alternativas no sean posibles, se deberá inaplicar la ley en cuestión. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en diversos criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

En concordancia con lo anterior las garantías judiciales reconocidas por la Convención Americana debe de prevalecer sobre lo establecido en la norma secundaria, en cuanto a que la posibilidad de presentar una demanda de nulidad vía correo certificado del Servicio Postal Mexicano está condicionada a que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, resulta constitucionalmente injustificada e incompatible con las garantías judiciales reconocidas por la Convención  Americana sobre Derechos Humanos.

 

En efecto, al tenor de lo dispuesto en los artículos 17 de la Carta Magna, así como 8 y 25 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, es una obligación del Estado Mexicano establecer para los gobernados tribunales donde se les administre justicia pronta y expedita, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, a fin de garantizar el derecho fundamental de que sean oídos, con las debidas garantías, por un órgano jurisdiccional competente, en la determinación de sus derechos civiles, laborales, fiscales o de cualquier otra clase, así como el de contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo que los proteja contra actos que transgredan sus derechos fundamentales, dentro del cual se encuentra el deber de desarrollar las posibilidades de dicho recurso judicial.

 

A fin de garantizar el referido derecho de acceso a la justicia, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su Artículo 13, establece que el gobernado que desee controvertir algún acto de la administración pública federal puede hacerlo presentando una demanda que puede tramitarse en la vía tradicional, por escrito ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que resulte competente según la materia de que se trate, o mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, es decir, en línea o internet, a través del Sistema de Justicia en Línea.

 

Al efecto, el antepenúltimo párrafo del artículo en cuestión establece que cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala que deba conocer del asunto, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México mediante correo certificado con acuse de recibo; sin embargo, el precepto agrega que ello será posible siempre y cuando el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, quien podrá señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional.

 

Como se desprende de la segunda parte del párrafo en cuestión, se acota la posibilidad de presentar una demanda de nulidad a través del Servicio Postal Mexicano, pues limita dicha posibilidad a la oficina de correos del lugar que se considere la residencia del interesado, cuando en la práctica puede existir un gran número de circunstancias por las cuales la parte actora se encuentre, al momento en que deba presentar su demanda de nulidad, en un lugar distinto de donde reside regularmente.

 

En lo particular, se considera injustificada y excesiva dicha medida, pues no se advierte la existencia de una causa objetiva y razonable para que se limite la posibilidad de presentar una demanda por correo, pues hacerlo de esa forma, desde un lugar u otro, en sí mismo no representa ninguna ventaja indebida para el actor en perjuicio del demandado, en tanto que no se traduce en la ampliación del término que tiene para impugnar el acto en cuestión, ni en que quede eximido de cumplir con los requisitos procesales correspondientes; y en cambio, permitir que el gobernado presente una demanda de nulidad en la oficina de correos que exista en el lugar donde se encuentre en un momento determinado por razones de diversa naturaleza, o donde decidió llevar a cabo su defensa legal, se traduce en una medida efectiva para evitarle gastos innecesarios de traslado, pues actualmente la norma lo obligaría a trasladarse a su lugar de residencia a presentar la demanda por correo, o a la ciudad donde se encuentre la sede de la Sala competente para entregarla directamente, cuando se ha visto que el espíritu central de la norma, así como de la Carta Magna y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es procurar una justicia accesible para todas las personas en la máxima medida posible.

 

Al respecto existe un criterio de la Décima Época publicado en el Semanario Judicial de la Federación en Febrero de 2014, Tesis I.2°.A.8ª, página 2348, cuyo rubro reza:

“DEMANDA DE NULIDAD INTERPUESTA POR CORREO. EL ARTÍCULO 13, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL DISPONER QUE DEBE DEPOSITARSE EN EL LUGAR DONDE RESIDE EL DEMANDANTE, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.”

 

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III; Pág. 2348.  I.2o.A.8 A (10a.).

 

Es decir, si por alguna razón determinada el actor se encuentra fuera de su lugar de residencia en el momento en que se venza el término para promover una demanda de nulidad, la porción normativa en cuestión revierte su finalidad de permitir un más sencillo acceso a la justicia para los gobernados, pues en tales casos lo obliga a trasladarse a su lugar habitual de residencia para poder enviar su demanda por correo, lo cual es violatorio de las disposiciones mencionadas, sin que se advierta, una razón clara y objetiva para no permitirle acudir a la oficina de correos más cercana al lugar donde, por cualquier motivo, se encuentre cuando deba presentar su demanda, máxime cuando dicha circunstancia, no implica  desequilibrio procesal alguno o perjuicio concreto para la parte contraria.

 

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